FORTUNAS DEL INFORTUNIO, EL LEGADO DE LA FAMILIA DOS SANTOS
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Desde la desaparición física del ex presidente Eduardo Dos Santos, la justicia internacional y angolana no ha restado en esfuerzos contra los hijos del ex presidente. Ya pocos meses después del funeral de estado de Dos Santos, quien gobernó Angola desde 1979 hasta 2017.
Ya desde que dejó el poder en septiembre de 2017, las voces más conservadoras dentro de los círculos políticos de Angola exigían transparencia y justicia para garantizar la continuidad del régimen político post Dos Santos, lo cual implicaba retirar del juego político a los billonarios hijos de Dos Santos.
El cerebro y órgano que impulsó las primeras investigaciones judiciales a los vástagos Dos Santos era precisamente el gobierno de Angola, en un esfuerzo de voluntad de lucha contra la corrupción bajo la cobertura institucional del régimen Dos Santos, posicionando a sus hijos, encabezados por Isabel Dos Santos, como cabecillas de un cártel internacional que saqueaba sin piedad billones de dólares cada año que se extraían desde múltiples canales de la actividad productiva, económica e industrial de Angola a cuentas particulares y corporativas de miembros de la familia Dos Santos.
Según las investigaciones judiciales, la hija del ex presidente de Angola desvió 52,6 millones de euros de la petrolera estatal angoleña a un negocio que ella controlaba.
En 2022, la organización policial internacional Interpol ya ha emitió una "notificación roja" solicitando la detención provisional de la multimillonaria angoleña, notificación que fue revocada eventualmente. Aun así, se sumará personalmente a una demanda de 400 millones de dólares interpuesta por el operador de telecomunicaciones angoleño Unitel contra una empresa de su propiedad, según dictaminó hace varios meses un Juez Superior de Londres.
Unitel demandó en 2020 a la empresa holandesa Unitel International Holdings (UIH), propiedad de dos Santos, por los préstamos concedidos en 2012 y 2013, cuando dos Santos era directora de Unitel, para financiar la adquisición de acciones de empresas de telecomunicaciones por parte de UIH.
